El rechazo a establecer un nuevo pacto tributario, tal como lo dijo el Ministro Marcel y el propio Presidente, no fue un rechazo al gobierno, fue un rechazo a políticas públicas como la PGU Universal de 250.000 pesos para todas nuestras personas mayores, es un rechazo a salas cunas con acceso para miles de familias que se enfrentan a la complejidad de las labores de cuidado de sus hijas e hijos y el deber cuidar sus fuentes laborales. Es un rechazo a políticas que buscan asegurar atención de calidad y oportuna en salud, y también, es un rechazo a contar con mayores recursos humanos en materia de seguridad, entre muchas otras.
Cuando hablamos de seguridad social, hablamos de una serie de acciones que una sociedad realiza – mediante el actuar del Estado – para garantizar a las personas que componen dicha sociedad la seguridad del ingreso. Para ejemplificarlo, hablamos del acceso a salud, educación, y acciones destinadas a enfrentar la vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, maternidad, entre muchas otras problemáticas que afectan a las personas.
Dicho de otra forma, hablamos del rol público en relación a hacerse cargo de una serie de problemáticas que afectan al individuo y por ende a la sociedad completa. Precisamente, es ese rol, uno de los principales que se posee desde los gobiernos de Chile y el mundo, más aún en una economía global, donde los vaivenes de precios de materias primas, conflictos, y hechos como la pandemia que sufrimos, hacen que la estabilidad económica y social de la población sea frágil y necesite un actuar que permita asegurar ciertos pisos en aspectos claves de la vida que permitan a la sociedad asegurar una vida digna a todas y todos sus integrantes y además cautelar sus derechos.
Hace unos días precisamente votamos en la cámara – justamente el 8M – la idea de legislar la reforma tributaria, la cual, tras un proceso de 8 meses de tramitación y trabajo articulado con los diversos actores del mundo económico, productivo y social, fue rechazada. Y precisamente parto esta columna reflexionando sobre la forma de resguardar la seguridad del ingreso (no sólo la remuneración) y el rol activo que el Estado ejerce en dicha labor, pues hoy tras dicho rechazo una serie de medidas que busca implementar el gobierno del presidente Gabriel Boric se ven sin el financiamiento que viene de una lógica básica en un Estado de Bienestar como el que aspiramos como país.
Dicha lógica es establecer los mecanismos tributarios para que los impuestos no sean regresivos – quienes menos tienen pagan más y viceversa – y además asegurar recaudar lo suficiente para contar con los recursos necesarios para llevar adelante una serie de políticas públicas que aseguren seguridad social y posibilidades de acceso sin importar de donde vengas. Y he ahí lo inexplicable del rechazo a establecer un nuevo pacto tributario, pues tal como lo dijo el Ministro Marcel y el propio Presidente: Este no fue un rechazo al gobierno, fue un rechazo a políticas públicas como la PGU Universal de 250.000 pesos para todas nuestras personas mayores, es un rechazo a salas cunas con acceso para miles de familias que se enfrentan a la complejidad de las labores de cuidado de sus hijas e hijos y el deber cuidar sus fuentes laborales. Es un rechazo a políticas que buscan asegurar atención de calidad y oportuna en salud, y también, es un rechazo a contar con mayores recursos humanos en materia de seguridad, entre muchas otras.
Siempre hemos sabido que el camino es y será largo para llegar a precisamente esa lógica de Bienestar que pone las necesidades colectivas por sobre el interés particular, pero recorreremos ese camino con la misma convicción de siempre: la de saber que las y los vecinos, que las mujeres de nuestro país necesitan de dicho pacto, un pacto que permita establecer una base de protección, de promoción de derechos y de acciones concretas que no sólo mejoren la calidad de vida, sino que permitan ir dejando paulatinamente atrás esa dolorosa lógica que nos ha hecho tanto daño y que nos ha tratado de convencer que la única forma de acceder a una mejor calidad de vida es hacerlo de forma individual. Hoy el convencimiento de nuestro gobierno y quien escribe es que podemos establecer políticas públicas que permitan a todas y todos acceder a las mismas oportunidades, para desde ahí, poder desarrollar un futuro con la libertad y tranquilidad de que como sociedad nos apoyamos, nos defendemos y nos cuidamos.
Por Carolina Tello
Diputada de la República
