Hoy una parte central de la agenda pública y además de la discusión política es la seguridad ciudadana. Nuestra región de Coquimbo no es la excepción, y si analizamos el escenario actual, es tal vez una de las problemáticas más recurrentes tanto en dicha discusión, como también en el recorrido permanente que realizo por diferentes puntos de la región.

Los índices en materia de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) han tenido un alza que no podemos obviar, pero si analizamos dichos números, aún se mantienen bajo los índices pre pandemia, lo que genera un escenario con una serie de variables que me parece que son importantes tener en cuenta a la hora de enfrentar la seguridad pública como uno de los grandes desafíos que tenemos para los próximos años.

Ahora bien, es preciso diferenciar dichos índices con los niveles de violencia utilizados, pues si vemos los DMCS en nuestra región, los que han tenido más alza son los robos con violencia o intimidación, el robo de vehículos, otros robos con fuerza, y las violaciones.

Hay temas extremadamente preocupantes, como por ejemplo la participación de niños, niñas y adolescentes en dichos hechos, así también un aumento en el uso de armas y de una mayor violencia al momento de ser perpetrados. Si bien podríamos buscar explicarlos desde su particularidad, es imposible no vincular su aumento al crecimiento permanente de bandas criminales tanto en barrios urbanos como en los sectores rurales, en el cual estos delitos parecen ser parte del esquema que permite que dichas bandas adquieran no sólo lo “robado”, sino también expandan territorialmente su capacidad de operación.

Lamentablemente también nuestra región ha tenido un terrible aumento en los delitos de violación y violencia intrafamiliar, lo que se acentuó durante la pandemia y muestra un preocupante aumento no sólo en su ocurrencia sino también en la violencia empleada. Y, como ha sido históricamente, con una limitada capacidad desde lo público aún en dos aspectos esenciales: Recoger las denuncias y otorgar protección a las víctimas.

Durante estos meses en el congreso he trabajado firmemente para tomar el tema de seguridad pública como parte de la agenda y de los desafíos que posee nuestra región, tanto desde la comisión de gobierno interior a la que pertenezco, como en el trabajo territorial, en el cual puedo ver día a día como Alcaldes, Concejales y la comunidad en general nos entrega un diagnóstico común: Hoy el gran desafío es detener a las bandas criminales con alto poder de fuego, asentados en sectores donde lo público no hace frente a dicho flagelo, donde ante la desesperanza y la falta de oportunidades dichas bandas toman niños y les destrozan el futuro por dinero para ellos y sus familias, y donde durante mucho tiempo no vimos como sociedad que la penetración de dichos grupos era mayor a la que éramos capaces de reconocer.

Hoy el desafío mayor está en entender que – más allá de la discusión política clásica en la que la oposición le endosa al oficialismo la responsabilidad total en materia de seguridad ciudadana – a nivel estructural Chile necesita urgente apurar el tranco y establecer una política integral y transversal que enfrente el ingreso del narco y el aumento de la violencia a nivel integral. La solución pasa necesariamente por un proceso, pero que debemos partir hoy, en el cual son vitales policías modernas, especializadas y no sólo en los delitos, sino también en los territorios en los que se despliegan. Necesitamos también legislar desde la búsqueda de una respuesta tanto en prevención como en sanción a los delitos que más nos afectan actualmente.

Durante los primeros meses de gobierno valoro especialmente la búsqueda permanente de nuevas estrategias y el necesario aumento de presupuesto, pero sabemos que para las reformas estructurales en esta materia no sólo necesitamos de la acción del ejecutivo, sino de todas las fuerzas políticas, para entender la seguridad ciudadana un pilar básico que debemos garantizar, pues nos arriesgamos a ceder cada día más terreno a bandas organizadas que ya han consumido territorios y la vida de muchas y muchos que merecían mejores y reales oportunidades. 

Desde nuestra diputación hemos presentado diversos proyectos de ley en esta materia, como por ejemplo la incorporación de una nueva medida de protección a víctimas de violencia intrafamiliar, la aplicación de monitoreo telemático a casos de violencia en el pololeo y violencia vicaria y también proyectos que buscan reconocer las nuevas dinámicas delictivas, como el proyecto que permite que vehículos lleven pintadas o adheridas en el techo letras y dígitos de las placas patentes, a fin de evitar el uso de estos en hechos delictivos.

El desafío es grande, y requiere que además establezcamos un enfoque de género transversal entendiendo que, como decíamos, la acción pública debe partir desde hoy con decisión para asegurar una vida libre de violencia para todas y todos.

Carolina Tello
Abogada y Diputada por la región de Coquimbo.