Esta semana legislativa aprobamos en el congreso una ley corta ingresada por el ejecutivo que permitirá que más de 70 mil personas mayores comiencen a ser parte de las y los beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Este proyecto de ley fue necesario pues la ley impulsada por el gobierno anterior mencionaba que serían beneficiarios de la PGU todas aquellas personas pertenecientes al 90% con menores ingresos, pero solo sobre el universo de mayores de 65 años, lo que sobre calificó a muchas personas mayores pensionadas, quienes a pesar de no recibir una pensión mínima sí reciben recursos totalmente insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Fue gracias a esta aprobación, que – una vez promulgada la ley – el cálculo se hará en relación con el total de la población del país, permitiendo que más de 70 mil personas no beneficiarias de la PGU puedan recibirla a contar de este mismo año. Sin duda una tremenda noticia, especialmente para quienes vieron rechazadas de forma incomprensible sus postulaciones, en un esfuerzo del Gobierno que implica un alto financiamiento para generar este nuevo avance en materia de cobertura.
Sin embargo, y precisamente a propósito de este nuevo avance, es preciso aclarar ciertos puntos que son relevantes para entender el proceso hacia un verdadero sistema de Seguridad Social. Esto, pues será en los próximos meses donde nos enfrentaremos a algunas de las discusiones en materia social más relevantes en los últimos años, y que dicen relación con no solo avances, sino cambios estructurales concretos en la forma en que construimos seguridad, bienestar y también dignidad para las personas mayores, desde hoy y para todas las futuras generaciones.
Es por todas y todos conocida la Reforma Previsional presentada por el Gobierno de Gabriel Boric, y es precisamente en dicha reforma, en la cual temas tan relevantes como el financiamiento, los mecanismos de solidaridad previsional, el rol activo y permanente desde lo público y el fin del modelo que hoy entrega pensiones totalmente insuficientes será realidad. Pero para eso, además, y tal como siempre se pide de forma transversal, es imprescindible un rol no solo más activo, sino también eficiente y eficaz del Estado. Y es ahí donde la importancia de la Reforma Tributaria se hace visible. Nuestro país necesita que en materia de previsión social las y los ciudadanos no dependan solo de los vaivenes del mercado, pagando permanentemente los costos de crisis, malas gestiones o simplemente sucesos con tanto impacto como las guerras. Y es la reforma tributaria la que permitirá recaudar recursos que irán a algo tan trascendental como la Pensión Garantizada, pero ya no solo para aumentar la cobertura, sino para que efectivamente sea una pensión garantizada Universal, en la cual pasemos de la lógica de beneficio a derecho, algo que claramente le debemos a nuestras y nuestros pensionados.
El desafío será grande, pues nos enfrentamos a la necesidad de terminar con una estructura rígida en materia de pensiones para dar paso a más competencia, más transparencia, más información y más actores – incluido el Estado – y a la vez la necesidad ya impostergable de hacer de la solidaridad una verdadera política pública, en la cual podamos ver que la capacidad y responsabilidad de construir dignidad y futuro es de todas y todos.
