Durante años, las mujeres en nuestro país llevamos adelante una dura y extenuante lucha por incluir el enfoque de género en una serie de políticas públicas. Esto, y sumado a la necesidad que ciertos derechos fundamentales fueran reconocidos, y a la vez protegidos y promovidos por el Estado, ha sido sin duda el desafío más complejo en el escenario público actual. Y digo que ha sido complejo, porque ha significado no solamente levantar demandas y alzar la voz para que sean escuchadas, sino también educar, en una sociedad estructuralmente patriarcal y en la cual ciertas complejidades estaban normalizadas a tal punto que se caricaturizaba gran parte de dicha discusión.
Y comienzo esta columna haciendo dicha reflexión a propósito de un gran hito en materia de equidad de género y también en reconocimiento y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. La ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, aprobada durante la semana pasada en la cámara de Diputadas y Diputados, que tramitamos en la comisión que tengo el honor de presidir – Comisión de Mujeres y Equidad de Género – viene a no sólo establecer canales efectivos y expeditos para hacer efectivo el cobro de pensiones de alimentos, sino también viene derechamente a asumir una realidad país que permanecía invisibilizada, mientras miles de mujeres recorrían un camino largo, duro y doloroso por tribunales y por acciones judiciales que poco y nada efecto tenían.
Hoy, gracias a esta ley, que está en directa coordinación con la entrada en vigencia del Registro Nacional de Deudores de Alimentos en Noviembre de este año, se podrá solicitar el pago directo a través de las cuentas bancarias y activos que el deudor posea en el sistema bancario, con deber de reserva, y de no existir recursos en dichas cuentas, se podrá pedir saldar dicha deuda con los fondos de ahorro previsional, con ciertos topes establecidos en la misma ley. Además, el sistema adoptará un enfoque mucho más activo, automatizando ciertos aspectos que permitirán un trámite rápido y expedito, inclusive dando plazos acotados – 15 días – a las instituciones financieras para informar sobre los fondos disponibles.
Y es que cuando hablamos de estos avances, hablamos de lo que significa verdaderamente dar un enfoque de género a la elaboración de políticas públicas, entendiéndolo no sólo como la capacidad de acoger la problemática existente, sino además incluir todas las variables que ofrece el contexto de desigualdad estructural que las mujeres enfrentan en esta sociedad. Hemos ganado espacios, es cierto, pero tenemos aún un largo camino que recorrer en estas materias, en violencia de género, en barreras estructurales de acceso al mundo laboral, en el reconocimiento de la labor de cuidados, entre muchos otros aspectos. Valoramos si, las enormes muestras de compromiso y prioridad a estas materias que tanto el Presidente Gabriel Boric como la Ministra Antonia Orellana han mostrado, lo que sin duda nos permite vislumbrar una permanente apertura al trabajo en conjunto.
Finalmente, es importante mencionar que esta ley, pronta a ser publicada, no se verá afectada en su aplicabilidad ni por la actual constitución ni por la nueva propuesta frente a la cual votaremos el próximo 4 de Septiembre. Duele escuchar en medios la relativización de este tipo de avances en materia de protección de derechos, los cuales, tal como mencionaba al comienzo, son producto de años de lucha, de dolor de muchas mujeres, de visibilizar día tras día realidades que como sociedad preferíamos evitar. Ha sido largo el caminar y lo seguirá siendo, pero veo con esperanza el saber que estamos más juntas y más convencidas que este es el camino correcto.
Por Carolina Tello
Diputada de la República
