La actividad se enmarca en el proceso de elaboración de una política integral, en las instituciones de educación superior, que incluya un modelo de prevención y un modelo de investigación o sanción de estas conductas.
El 15 de septiembre de 2021 fue publicada en el Diario Oficial la ley No. 21. 369, que regula el Acoso Sexual, la Violencia y Discriminación de Género en las Instituciones de Educación Superior, estableciendo una serie de requerimientos a cumplir, a través de diversas acciones con sus comunidades académicas.
Es por ello que en Ovalle, el IP-CFT Santo Tomás realizó un encuentro con docentes, funcionarios y directivos del establecimiento, con el propósito de analizar la norma, así como el plan que está siguiendo la institución para dar cumplimiento a ella, y los distintos mecanismos e instancias en las que la comunidad educativa puede participar, con el objetivo de formular en conjunto el Modelo de Prevención e Investigación de estas conductas.
En este sentido, Constanza Alarcón, abogada del área jurídica, de la secretaría general de las instituciones Santo Tomás, sostuvo que “en este momento estamos en la etapa de capacitación, en la que se realizan talleres e inducciones, hemos hecho una parte de comunicaciones y de levantamiento de información, y lo que se viene ahora es la implementación final, qué es la elaboración de la política y la aprobación por decreto, que es informar a la Superintendencia de Educación Superior”.
Esta iniciativa es muy relevante, según comenta la profesional, puesto que el objetivo es “usar todo lo que hemos aprendido en estas actividades, que en la mayor parte son una conversación con la comunidad académica. En esta etapa tomamos todo lo aprendido en cada una de las 23 sedes del país y lo tomamos en cuenta para la elaboración final de la política, qué está bastante avanzada”.
¿Qué dice la ley?
La ley No. 21. 369 tiene como objetivo “promover políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género, y proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, con la finalidad de establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual”.
Para ello, cada casa de estudios debe elaborar una política que prevenga y sancione estas situaciones.
En este aspecto, Constanza Alarcón señala que “la ley exige la creación de esta política integral, nos dice de qué forma debe elaborarse y qué debe contener, nos dice detalladamente de qué forma hacerlo y nos da ciertos conceptos básicos. También ordena su mejora continua, por lo que es un trabajo de largo plazo. La política tiene que contener por lo menos dos partes: uno es el modelo de prevención y el segundo es el modelo de investigación y sanción. En cuanto a la forma de elaboración de la política, nos exige que sea con equidad de género, triestamental y con participación de la comunidad”.
Por ello, la difusión es un punto clave, por lo que el establecimiento de educación superior, a nivel nacional, se encuentra realizando charlas, talleres informativos, capacitaciones, webinars, al mismo tiempo que se están implementando y diseñando diversos mecanismos de comunicación directa con la comunidad educativa.
A esto, Alarcón agrega que la institución apunta a que su política “contenga una primera parte, que va a tener los lineamientos, principios y conceptos que van a poder ayudar interpretar todo el resto de la política y eso es clave para que las personas entiendan cuáles son las conductas riesgosas, sepan cuando denunciar, y de qué forma pueden aplicar estos principios para interpretar todo lo demás”.
Trabajo previo
Si bien la ley entró en vigencia el año pasado, las instituciones Santo Tomás han realizado una labor previa en las materias que regula la ley, en años anteriores, prueba de ello es su Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria, del 2016, un Manual de Buen Trato, Orientaciones y Recomendaciones para la Prevención de Acoso Sexual, Violencia de Género y Discriminación Arbitraria y Protocolo para Atención de Denuncias, del 2018, y la suscripción de Compromisos para la Promoción de la Equidad de Género con el Ministerio de Educación y la generación de la Política Institucional sobre esta materia, en el año 2019.
Bajo este marco, es que la abogada Alarcón sostiene que en el reglamento disciplinario de la casa de estudios, “contiene tanto las infracciones como las sanciones que corresponden, y con el principio de proporcionalidad, es decir que la sanción va a ser tan grave cómo lo haya sido la infracción; y eso está muy detallado, tenemos infracciones graves, menos graves y las sanciones que les corresponden que van desde la expulsión del estudiante hasta una amonestación verbal que sería lo menos grave”.
Por último, la profesional comentó que la ley da un plazo de un año para su implementación, por lo que la fecha límite que tienen todas las instituciones de educación superior, es el 15 de septiembre 2022, frente a lo que Santo Tomás se encuentra “muy avanzado”, a la vez que mantendrá disponibles y abiertos diferentes canales de participación, con la finalidad de seguir recogiendo las experiencias de cada uno de los miembros y estamentos de la comunidad y efectuar mejoras a la nueva Política durante el próximo año.
