La iniciativa plantea una exención dirigida a adultos mayores con menores ingresos, aplicable a una vivienda principal y con un mecanismo de compensación fiscal permanente que evite pérdidas para los municipios.
Liderados por el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, un grupo de alcaldes y alcaldesas se reunió con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, para presentar una propuesta orientada a focalizar el beneficio de contribuciones para las personas mayores y mitigar su impacto en las finanzas municipales.
En la instancia, realizada en dependencias del Ministerio de Hacienda, participaron también la vicepresidenta de la ACHM y alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro; la tesorera de la Asociación y alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme; y el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, junto a otros representantes del municipalismo.
La propuesta busca compatibilizar el alivio tributario para las personas mayores con la sostenibilidad financiera de los municipios, resguardando recursos que permiten financiar servicios esenciales para vecinos y vecinas en áreas como seguridad, salud, aseo, iluminación, infraestructura y áreas verdes.
El presidente de la ACHM y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó el carácter transversal de la iniciativa y la unidad del municipalismo frente a una discusión que impacta directamente a los territorios.
“Desde la Asociación Chilena de Municipalidades hemos hecho una propuesta concreta, seria y transversal. Lo importante es que el municipalismo está unido, con autoridades de distintos colores políticos, sin perder de vista la autonomía de los municipios. Estamos generando un diálogo verdadero, con una herramienta clara que beneficia a los adultos mayores y especialmente a las personas de menores recursos que tienen una vivienda”, afirmó Alessandri.
La iniciativa propone que el beneficio se determine de manera focalizada, de acuerdo con los ingresos anuales de cada contribuyente y respecto de una única vivienda principal. Así, las personas mayores con ingresos inferiores a 20,9 UTA accederían a una exención total del Impuesto Territorial; quienes registren ingresos entre 20,9 y 41,9 UTA tendrían una rebaja del 50%; mientras que quienes superen este último tramo se mantendrían bajo el régimen general de contribuciones, sin acceso a exención o rebaja.
Para estos efectos, se considerará el promedio anual de los ingresos percibidos o devengados durante el año calendario anterior, incluyendo, entre otros factores, rentas del trabajo, pensiones, honorarios, retiros, dividendos, rentas de capital, ingresos previsionales y otros ingresos habituales o permanentes que permitan determinar razonablemente la capacidad económica de cada persona.
La propuesta también contempla que el Servicio de Impuestos Internos pueda establecer reglas especiales para contribuyentes que no cuenten con ingresos formales suficientes, presenten variaciones relevantes en sus ingresos o se encuentren en situaciones calificadas de vulnerabilidad económica.
Además, el beneficio se aplicaría exclusivamente a una vivienda principal. En los casos de personas eximidas que posean propiedades con avalúo fiscal superior a $250 millones, la propuesta plantea que el pago no sea eliminado, sino diferido hasta la venta del inmueble o su transmisión por herencia, instancia en que deberán enterarse las contribuciones acumuladas.
Uno de los pilares de la propuesta es la creación de un aporte fiscal compensatorio, permanente y obligatorio, adicional al Fondo Común Municipal, para asegurar que cualquier menor recaudación producto de la medida sea financiada por el Estado y no afecte los presupuestos comunales.
La vicepresidenta de la ACHM y alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, valoró la disposición al diálogo y llamó al Ejecutivo a acoger una fórmula construida desde los territorios. “Estamos optimistas con nuestra propuesta porque es una iniciativa transversal de la ACHM, que representa a cerca de los 345 municipios del país. Esperamos que el Gobierno la acoja de buena manera y que, así como los alcaldes logramos acuerdos pese a nuestras legítimas diferencias, el Ejecutivo también pueda hacerlo”, sostuvo.
Por su parte, la tesorera de la ACHM y alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, destacó que la propuesta ha sido recibida con apertura tanto por parte del Gobierno como del Poder Legislativo. “Tenemos esperanza porque nos están escuchando, porque nos han abierto las puertas, pero también porque existe disposición por parte del Poder Legislativo de querer escuchar al municipalismo”, señaló Adasme.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, enfatizó la importancia de que el beneficio priorice a quienes realmente requieren un apoyo estatal, evitando una aplicación universal que pueda afectar los ingresos municipales y, con ello, la capacidad de respuesta de las comunas.
“Entendemos que hay muchas personas mayores a quienes es importante aliviarles la carga, pero no es justo que este beneficio sea universal y termine favoreciendo también a quienes tienen mayores recursos. La ayuda debe llegar a quienes realmente la necesitan, sin desfinanciar a los municipios”, afirmó Vodanovic.
La ACHM planteó que el mecanismo de compensación debe quedar garantizado anualmente en la Ley de Presupuestos, con una estimación técnica del Servicio de Impuestos Internos y seguimiento mediante una mesa de trabajo integrada por la Subdere, el SII, la Tesorería General de la República y representantes del municipalismo.
Desde la Asociación Chilena de Municipalidades reiteraron su disposición a continuar trabajando junto al Ejecutivo y el Congreso para avanzar en una fórmula socialmente justa, técnicamente responsable y que resguarde la autonomía financiera de los municipios y la calidad de vida de vecinos y vecinas de todo Chile.
