Cuando un actor político incita a otros a tomar una decisión suele decirles que ha llegado el momento de las definiciones. Pero antes de definirse por una opción u otra es preciso deliberar para tener una idea nítida del asunto que está en juego, lo cual implica tener claridad sobre la entidad que está en disputa. Tal claridad es indispensable para tomar una decisión. Por eso, la definición intelectual antecede a la decisión —es decir, a la definición política— y a la acción concreta.

La deliberación supone necesariamente poner en entredicho ciertas retóricas trilladas, consignas y lugares comunes que suelen dar por evidente aquello que no siempre lo es. El proceso de deliberación constituyente no está exento del imperativo de la claridad, máxime si se trata de la norma fundamental, a la cual se apela precisamente para dirimir los conflictos que son suscitados por las ambigüedades de las normas ordinarias. Por eso no deja de ser preocupante el hecho de que en algunos tenores y en algunas sopranos de la Convención Constitucional prime (al igual que en el coro de activistas y también, incluso, en algunos comentaristas políticos) más la hojarasca semántica que la claridad conceptual.

Así, por ejemplo, suele emplearse con cierta frecuencia la expresión “pueblo nación” sin molestarse en explicitar qué significa, cuáles son sus supuestos y cuáles serían sus implicancias. La expresión puede ser un pleonasmo, puede ser un mero eructo verbal o bien puede ser una distinción aguda. Si es lo último, cabe preguntarse ¿cuál es el término fuerte en dicha dicción o si los dos pesan lo mismo?

Si son iguales, quienes usan tal expresión establecen una ecuación demasiado rápida entre el concepto de nación y el vocablo pueblo. Ellos, implícitamente, están diciendo que el pueblo es igual a la nación; lo cual no es en absoluto algo obvio, puesto que en una nación pueden coexistir varias colectividades disímiles entre sí, con peculiaridades culturales diversas e incluso con rasgos físicos diferentes.

Quienes, por el contrario, emplean la dicción de manera levemente asimétrica dan por sentado que el vocablo pueblo es el término fuerte. Así, de alguna manera, convierten al vocablo pueblo en sustantivo y a la voz nación en adjetivo. Si es así, urge preguntarse qué es el pueblo. Pedir definiciones no es grato, pese a que tienen la virtud de ayudarnos a entendernos mejor y a decidir mejor.

Como se sabe, las definiciones, junto con delinear un contorno, identifican algunos elementos que están en el interior de su perímetro. Dicho de otro modo: tienen un contorno y un dintorno. Puesto que las definiciones suelen ser respeccionales, habría que preguntarse, el pueblo es pueblo respecto de qué o en oposición a qué. ¿Sería en oposición a la aristocracia, a la nobleza, a la plutocracia, a la burguesía, a la intelectualidad, al proletariado, al lumpen? ¿En qué radica la esencia del pueblo? O para no plantearlo en términos tan esencialistas, ¿cuál es la característica principal, el elemento señero, la nota distintiva de la voz pueblo?

También suele emplearse la expresión “pueblos originarios”. La validez empírica de esta expresión quedará en suspenso hasta que sepamos con toda claridad qué denota la palabra pueblo para los convencionales constituyentes. Lo que sí es claro es que no son originarios. Cualquiera que haya estudiado en la enseñanza media las teorías del poblamiento americano lo sabe. Análogamente, quienes parten de otros supuestos, tampoco pueden afirmar con certeza que una vez que Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso establecieron su morada en el borde occidental del Cono Sur de América.

Si logramos distinguir el pueblo de la nación, quizá, logremos encontrar una de las salidas que tiene uno de los tantos laberintos semánticos y político en los que nos hemos metido. Más de alguno de esos laberintos nos puede conducir a una reconfortante salida o, tal vez, a un abismo, aunque también cabe la posibilidad que nos encamine a idealizaciones nostálgicas a las cuales son tan proclives los conservadores de izquierda y de derecha.

Desde cierto punto de vista estas consideraciones, quizá, parezcan impertinentes e inoficiosas. Tal vez, efectivamente, las son. Pero no lo serían en una época que ha rebasado las fronteras del nominalismo y ha llegado a afirmar, con cierto desparpajo, que el lenguaje crea realidad.

Luis R. Oro Tapia

Carén, comuna de Monte Patria.

La forma en que se ha desempeñado la Convención Constitucional desde que se instaló en el ejercicio de sus funciones hace un mes y medio aproximadamente, no ha dado más que muestra de la intolerancia, arbitrariedades y antidemocracia por parte de la mayoría de los miembros que la integran, (no todos los miembros, en eso debemos ser justos, ya que no todos caen dentro de las palabras que antes indiqué, pero si desgraciadamente la mayoría), ya que debemos incluir dentro de los no excluidos a la izquierda radical, la lista del “pueblo” y otros que son una suerte de camaleones políticamente hablando.

¿Por qué afirmo que no han más que dañado la democracia, demostrado su intolerancia y arbitrariedad?, esto porque tenemos situaciones como la que ya he indicado con anterioridad, que cuando no les gusta el resultado de una votación las repetían, o el llamado a movilizarse y “rodear” la Convención, a “no subordinarse” y ahora como “guinda de la torta” de lo antijurídico y democrático tenemos la exclusión arbitraria del convencional Jorge Arancibia de la Comisión de Derechos Humanos que legítimamente integra, por parte de otros constituyentes, cuestión que además de ser antidemocrático y arbitrario, carece de todo valor legal por parte de sus actores, pues el único organismo que pudiera a cualquier constituyente vetarlo de tal manera es el Tribunal Constitucional y no sus pares, por lo que además de adolecer de todo valor jurídico esta decisión, es un abuso a las prerrogativas que concentran en el ejercicio de sus funciones.

La actitud de los convencionales que han dictaminado que el almirante Arancibia, quien fue elegido democráticamente para este comento y que anteriormente también fuera elegido de manera democrática con una alta votación popular para ser Senador de la República e incluso fuera designado embajador de Chile en el extranjero, no es más que sectarismo y fanatismo pura además de antijurídica y democrática, pues estos convencionales se erigen como poseedores de la verdad al parecer, como que si su verdad fuera la única y la que debe ser válida. 

No siendo este el único caso de excusión arbitraria y de desigualdad ante la ley, dentro de esta misma comisión que ya ha dejado bastante que desear con la toma de decisiones, pues tenemos el cado de la exclusión de ciertas organizaciones de la sociedad civil de las sesiones de participación ciudadana, entre las cuales se encuentra la Fundación Jaime Guzmán, cuestión a que nuevamente antojadiza y antidemocrático, pues nunca, ni en el Congreso se han realizado estos vetos ideológicos, políticos y/o religiosos; por lo que nada bueno se puede esperar no solo de esta comisión, sino que de esta convención.

En Chile aún rige una democracia pluralista amplia, en donde ningún partido, organización o movimiento ha sido considerado inconstitucional, siendo que en la actualidad existen a lo menos dos partidos que debieren disolverlos por incitar al odio, a la violencia, a la lucha armada, a la quema de iglesias y otros, que son causales para su desintegración, uno de ellos de hecho se encuentra prohibido en Alemana, así que saquen sus propias conclusiones a cuales partidos me refiero.

Estos convencionales no han hecho más que continuar con la destrucción que lo que tanto dicen defender y se arrogan el título de “líderes” y sí les puedo conceder ese título de líderes en la intolerancia, en la odiosidad, en ser los principales promotores de la ingobernabilidad, pues la intolerancia es su segundo nombre, predican pero no practican, se adjudican ser los paladines y defensores de la tolerancia, pero son todo lo contrario; aparentan algo que no son y lo usan de manera estratégica y la intolerancia, la violencia, el matonaje, se han transformado en sus consejeras.

 Como bien dijo el Presidente Abraham Lincoln en su famoso discurso de Gettysburg de 1863: “El Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, es decir que somos nosotros los principales encargados y gestores de velar por tener un Gobierno democrático, he ahí una importante razón para ir a hacer valer un derecho como la votación del plebiscito de salida, así que tengamos en mente todo lo que hasta ahora ha sucedido y el texto final cuando debamos votar, porque nada bueno puede salir de la arbitrariedad, la intolerancia y sobre todo del odio que demuestran hasta ahora el peso de sus acciones.

Susana Verdugo Baraona