La Tesorería General de la República ha debido desembolsar la multimillonaria cifra para cubrir las garantías bancarias de 550 mil morosos. A través de convenios de pago y embargos a deudores con sueldos sobre los $3,5 millones, el Estado chileno busca reintegrar los recursos a las arcas públicas, una facultad que ya fue ratificada por los tribunales de justicia.
El Estado de Chile, a través de la Tesorería General de la República (TGR), se encuentra ejecutando una agresiva estrategia de cobro coactivo destinada a mitigar el severo impacto financiero que ha sufrido el erario nacional producto del Crédito con Aval del Estado (CAE). De acuerdo con los balances oficiales del organismo, el Fisco chileno acumula a su favor una deuda histórica superior a los $4 billones (millones de millones) de pesos, monto equivalente a los recursos públicos que el Estado se vio obligado a desembolsar ante la banca privada para cubrir las garantías de más de 550 mil personas que no cumplieron con sus obligaciones de pago.
Con el objetivo central de asegurar el reintegro de esta multimillonaria masa de capital al patrimonio fiscal, la TGR diversificó sus acciones mediante dos vías: la facilitación de facilidades administrativas y la ejecución forzosa. En lo que va del año 2026, la recaudación y regularización de pasivos ha avanzado mediante la suscripción de convenios de pago por parte de 32 mil personas, quienes accedieron a condiciones especiales adaptadas a sus niveles de ingresos. Para aquellos deudores que actualmente se encuentran en situación de cesantía, el beneficio fiscal permite pactar la deuda con un pie y cuotas mensuales equivalentes a 1 UTM, acreditando su condición en la Oficina Virtual de Trámites del organismo.
Sin embargo, para los contribuyentes que han mostrado nula respuesta a las alternativas de regularización, el Fisco chileno ha activado con fuerza sus facultades de apremio y embargo. A la fecha, los procesos de ejecución judicial han afectado a más de 1.500 deudores, una cifra que equivale al 5% del total de los casos regularizados. En términos de recaudación estratégica y selectividad socioeconómica, la TGR precisó que la gran mayoría de estos embargos se han concentrado de forma quirúrgica en personas que registran ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, información cruzada y verificada mediante las declaraciones de impuestos correspondientes al Año Tributario 2025 que estaban disponibles al inicio de esta fase de cobro en abril pasado.
Desde la institución aclararon de forma tajante que la focalización temporal de los embargos en contribuyentes de alto patrimonio o mayores ingresos no significa bajo ningún punto de vista una suspensión del proceso general, ni limita la adopción de futuras acciones legales y retenciones en contra del resto de las personas que mantengan deudas pendientes con el Fisco. El plan de recuperación de fondos públicos se mantiene activo de manera permanente en todo el territorio nacional, instando a los morosos a autodenunciarse o regularizar sus perfiles financieros en las oficinas virtuales o presenciales de la Tesorería.
El respaldo definitivo a este proceso de recaudación fiscal provino del Poder Judicial, luego de que la Corte de Apelaciones de Arica (causa Rol N° 300-2026) rechazara un recurso de protección que pretendía anular un mandamiento de ejecución y embargo emitido por la Tesorería Regional. La sentencia ratificó que el procedimiento coactivo es plenamente legal una vez que la garantía estatal es pagada por el Fisco y pasa a ser un activo del Estado. Este fallo se alinea con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ya ha declarado inadmisibles más de 450 recursos de similar naturaleza, blindando jurídicamente la potestad de la TGR para seguir recuperando los $4 billones de pesos pertenecientes a todos los chilenos.
