En la sesión de este martes 6 de mayo del Concejo Municipal, se dio a conocer el informe de la Contraloría General de la República realizado entre enero y diciembre del año 2024, donde se observaron una serie de irregularidades, entre ellas, compras, pago a personal a Honorarios sin justificación, y desorden en la entrega de combustible, que la nueva gestión municipal, en algunos casos, deberá subsanar, lo que de no justificarse significarán un perjuicio al patrimonio municipal.
Preocupantes son los resultados que arrojó el Informe 920/2024 de la Contraloría General de la República, tras una auditoría realizada en el año 2024 a cada uno de los departamentos y oficinas del municipio de Ovalle. Este documento fue expuesto en la sesión del Concejo Municipal, de este martes 6 de mayo, por parte del abogado y director de Asesoría Jurídica de la entidad consistorial, Sergio Cortés Beltrán, quien entregó detalles de lo detectado por el ente contralor en diferentes gestiones realizadas durante este periodo, entre ellas, compras, licitaciones de servicios y el uso indebido de la imagen de la autoridad comunal del periodo auditado.
Dentro de las temáticas de mayor gravedad está la detección de personas contratadas bajo la modalidad de honorarios, quienes no tuvieron control de asistencia, por lo que se desconoce si hubo cumplimiento de sus respectivas labores y su horario de trabajo, que está fijado de lunes a jueves de 8.30 a 17.30 horas y los viernes de 8.30 a 16.30 horas. De no poder justificarse este hecho, en un plazo de 30 días hábiles, significará un perjuicio al patrimonio municipal de $88.905.782.
Asimismo, la misma auditoría arrojó la falta de respaldos de funcionarios a honorarios, quienes no presentaron la documentación requerida para la cancelación de sus servicios y de todos modos se les canceló su sueldo, situación que fue detectada por la Contraloría y que equivale a un monto de $23.297.257. A esto se suma, la cancelación de aguinaldos a funcionarios a Honorarios a quienes no les correspondía esta bonificación, cifra que bordea los 300 mil pesos.
El documento también advierte un “desorden” en la entrega de combustible por parte del municipio de Ovalle, a los proveedores de camionetas que trabajan para la entidad consistorial, ya que algunos móviles no cuentan con bitácoras actualizadas y con la información mínima requerida.
Otro de los temas observados fue la excesiva realización de horas extras por parte de un grupo de funcionarios, quienes, en algunos casos, superaban las 12 horas diarias de trabajo, hecho que va en contra de las normativas laborales, según lo planteado por el asesor jurídico del municipio local.
Otra situación que observó el ente contralor fue la compra de 246 tortas por un monto de $10.730.036 que fueron entregadas a organizaciones sociales locales. Además, de las celebraciones de aniversarios de organizaciones comunitarias por un monto de $7.282.800.
Durante el 2024 se realizaron gastos en asistencia social cifra que equivale a $26.848.677. La problemática surge ya que no existen documentos que acrediten la entrega de estas ayudas y si los beneficiarios cumplían o no los requisitos para recibirla, por lo que la actual administración deberá analizar esta situación y verificar si existe el expediente social, informe o certificado que respalde estas entregas.
«Este informe detectó diversas irregularidades en el área de compras públicas, licitaciones de servicios, gastos en personal, entre otras, lo constituye serias infracciones al principio de probidad administrativa y también al principio de legalidad en los procesos municipales», indicó el alcalde de la comuna de Ovalle, Héctor Vega Campusano. Además, agregó que «a través de nuestra asesoría jurídica responderemos este informe en los plazos que el ente contralor determinó y, respecto a las infracciones que no son subsanables, se buscarán las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los responsables».
Asimismo, se observaron una serie de imágenes y videos publicados en la plataforma Instagram de la municipalidad de Ovalle, en los cuales se evidencia el uso reiterativo del nombre del ex alcalde Jonathan Acuña Rojas, lo que significa e implica una vulneración a las normas relativas al empleo de recursos del organismo para fines ajenos a los institucionales. Asimismo, se constató que esta cuenta de la red social estaba enlazada con la cuenta personal de ex jefe comunal, lo que está prohibido. A esta acción se suma, la publicación de un video realizado por Acuña en su cuenta de Instagram personal, en las oficinas de alcaldía, lo que fue observado por la Contraloría y en el que el ex jefe comunal informó que suspendería sus funciones, para realizar su respectiva campaña política e invitó a conocer sus propuestas y a votar por su candidatura. De acuerdo a lo señalado por el ente contralor lo indicado transgrede lo dispuesto en el numeral 4, del artículo 62 de la ley N° 18.575, el que indica que contraviene especialmente el principio de probidad, «Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales», por lo que se instruirá un procedimiento disciplinario, para determinar eventuales responsabilidades.
En este informe de la Contraloría también se hizo mención a la sesión del Concejo Municipal del pasado 22 de octubre de 2024, jornada en los concejales de la época Carlos Ramos García, Patricio Reyes Araya, Cristian Rojas Molina, Gerald Castillo y el entonces alcalde de esa comuna, Jonathan Acuña Rojas y candidato a la reelección, utilizaron la instancia para realizar comentarios respecto de las candidaturas, haciendo alusión a los distintos cargos a los cuales postulaban, a través de la transmisión en vivo emitida por Facebook Live del municipio de Ovalle.
