El alcalde de Ovalle Claudio Rentería lo confirmó a nuestro medio. Las funcionarias aseguran que se ha incurrido en vulneración de derechos, mientras que el funcionario denunciado no se referirá a la situación debido a instrucciones de sus abogados.

Ayer realizaron una protesta en el Concejo Comunal de Ovalle tras ser notificadas el viernes pasado de que el 31 de diciembre de 2018 se les desvincularía de sus funciones. Son las tres, hasta hoy, funcionarias del municipio de Ovalle, Patricia Rodríguez coordinadora programa Senda Previene Ovalle, la periodista de la OPD de Ovalle, Viviana Ortiz Munizaga y Carla Christiansen, monitora de Senda Previene Ovalle, quienes denunciaron situaciones que podrían configurar acoso laboral y acoso sexual.

Patricia Rodríguez habló con OvalleHOY y asegura que desde hace tres años «denunciamos (frente) a nuestra primera autoridad, situaciones de acoso sexual y laboral, situaciones que fueron minimizadas, ocultadas» y que «no se tomaron las medidas correspondientes».

Agrega que posterior a una denuncia que las mismas funcionarias hicieron a la Contraloría y a la Fiscalía «recién la primera autoridad tomó las medidas ¿y qué medida medida tomó? Desvincularnos. Acá se está protegiendo al agresor, que está trabajando, en otra oficina pero trabajando. Y a las víctimas del acoso que somos nosotras, profesionales y monitora, nos despiden sin ningún resguardo, sin ninguna explicación, siendo que somos excelentes profesionales, que tenemos toda la experiencia y todas las evaluaciones.

Remarca que «Nos despiden por haber denunciado. ¿Cuál es el mensaje que queda acá? que si denunciamos una mala práctica te van a despedir. Y lo grave de esto es que la primera autoridad, nuestro alcalde, está avalando todo esto, en conjunto con la jefa de Desarrollo Comunitario actual, que es Hortensia Flores, que es mujer y que tampoco tuvo ninguna empatía con nosotras».

La actual coordinadora de Senda Previene en Ovalle y en cargo hasta el 31 de diciembre agrega que «nos recibirá la Seremi de la Mujer y si es necesario, llegaremos a Santiago para que esto no vuelva a pasar no sólo nosotras sino que a cualquier mujer u hombre que esté frente a una situación de acoso».

En tanto la periodista de la OPD de Ovalle, Viviana Ortiz Munizaga manifestó que «esto sienta un mal precedente en la valoración y en el respeto a los Derechos Humanos. Acá no estamos hablando que se vulneraron sólo los derechos de una mujer, sino que se nos están vulnerando los derechos fundamentales a nosotras, que somos trabajadoras que denuncian una situación de vulneración de menoscabo por parte de un funcionario» y agrega que entendiéndolo desde la perspectiva legal, «las mujeres que van a sufrir o que están sufriendo alguna situación de acoso ya sea sexual o laboral, no van a tener la posibilidad de defenderse porque va a entrar en causal de despido por defender sus derechos». 

Añade que «quiero ser súper enfática: nosotras hicimos todos los conductos regulares: en primer lugar, al alcalde que tenía conocimiento desde hace tiempo de esta situación desde hace cuatro años él sabía qué algo estaba pasando que ahora se ha asesorado y diga que esto sea se ha utilizado políticamente es una burla para todas las mujeres esto no nos va a hacer callar nosotros vamos a seguir con la demanda en contraloría hasta el final y vamos a tomar las medidas que nos corresponde Por qué tenemos derechos tenemos derechos legales pero que la gente sepa que acá se está sentando un mal precedente en esta municipalidad»

Carla Christiansen, monitora de Senda en el municipio local, se refirió a «la ley 18695 que en el artículo 63 letra C y D señala que al alcalde le corresponde velar por el principio de probidad administrativa y disponer las sanciones al personal de su dependencia», por lo que lo que «el legislador ha radicado en aquél, en su cargo de máxima autoridad edilicia y titular de la potestad disciplinaria, ordenar el procedimiento disciplinario a fin de determinar la efectividad de los hechos denunciados y establecer si de ellos emanan eventuales responsabilidades funcionarias».

La funcionaria agrega que «en el sumario en proceso, yo a pesar de tener situaciones de acoso sexual, este señor Alejandro Cortés Urén siguió atentando contra mi persona y ahora ya no es acoso sexual sino que acoso laboral. Yo entregué oportunamente la información al señor alcalde, primero de manera verbal esperando que las conductas de maltrato cesaran y con un llamado de atención de la autoridad al funcionario involucrado. Meses más tarde en forma escrita porque lo mande a Contraloría al ver que recomenzaban (los maltratos) y con más recrudecimiento con afectación a mi persona gravemente ya no sólo mi salud física y emocional tomaré cartas en el asunto y entablar una demanda por acoso laboral», aseguró.

OvalleHOY tomó contacto con el funcionario a quien se le imputan estas situaciones, Alejandro Cortés Urén, quien manifestó, en exclusiva, que «esto es una manipulación política, que obviamente me tiene muy afectado, aún cuando exista la confianza en mí. Es por eso que estoy viendo esto con mis abogados» y declinó realizar más declaraciones.

Rentería «No serán recontratadas»

El alcalde Claudio Rentería conversó con nuestro medio y confirmó que las funcionarias no serán recontratadas, aunque el sumario se resuelva a su favor. 

Alcalde, usted señaló en el Concejo que se removió al funcionario para protegerlo porque a las personas que se les acusa de algo, se les presume inocente hasta que se prueba lo contrario. ¿Cómo se protege a las funcionarias sí ellas han sido desvinculadas?
«Ellas tienen que trabajar hasta el 31 de diciembre el sumario tiene que terminar antes del 31 de diciembre»

¿Y si el sumario les da la razón?
«Tengo que ser justo»

¿Las va a recontratar?
«Evidentemente… No, a ver: hay un tema de acoso sexual y laboral que ellas plantean. Eso lo debe determinar el fiscal (del sumario) y al determinarlo el fiscal señala que va a castigar a unos o a otros, eso problema del fiscal. Lo único que hace el alcalde es aumentar o bajar la pena. Pero no puede estar de acuerdo con el fiscal» y agregó que «por lo general, esta administración ha sido consecuente con lo que señalan los fiscales y en ese sentido, espero que ésta no sea la oportunidad, en la cual tenga que tener una excepción».

Supongamos que el sumario no termina el 31 de diciembre…
«Es que debe terminar el 31 de diciembre, porque hay plazos»

No vaya a pasar algo cómo lo que pasó en la Copa América…
«Usted me lo recuerda y también lo recuerdo. Eso fue muy lamentable para mí como funcionario como autoridad que lo entregué y lo reconozco pero hoy día los plazos tiene que estar como corresponde».

¿O sea el 31 de diciembre se sabe?
«Yo creo que tendría que ser el plazo, ¿no?» le pregunta Rentería a su asesor jurídico Sergio Galleguillos, quien toma la palabra y dice que «no se pueden señalar porque podemos incurrir en el mismo error que la otra vez con la Copa América, porque hay diligencias qué hay que hacer». Tras ello, retoma la palabra el alcalde, quien agrega «perdóname que te lo diga, pero hay que terminar con todas las diligencias».

Insisto en la pregunta alcalde, ¿si las funcionarias que hoy están siendo desvinculadas tienen la razón, van a ser recontratadas sí o no?
«No pues, porque no es directamente proporcional al juicio. No tiene nada que ver una cosa con la otra».

Por Angelo Lancellotti González

Periodista