El asesor jurídico del municipio local realizó el pago de la indemnización en el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, al docente Luis Guillermo Castillo, quien fue desvinculado del departamento de Educación, tras cumplir su periodo como director del liceo Estela Ávila Molina.

Controversia generó la petición de una orden de arresto de parte del abogado Juan Pablo Corral, representante del docente Luis Guillermo Castillo, este último desvinculado del liceo Estela Ávila Molina de Perry, luego de cumplir su periodo como director del establecimiento. Castillo interpuso una demanda y la Corte de Apelaciones de La Serena acogió su petición de indemnización, por lo que el municipio de Ovalle tendría que pagar $8.450.862.

Tras este hecho, que fue emitido el pasado 16 de febrero, la parte demandante solicitó una orden de arresto contra el alcalde Claudio Rentería, por la no cancelación de la suma acordada por el tribunal. Cabe destacar, que la entidad consistorial disponía de cinco días de plazo, para cumplir con este pago, por lo que la orden de arresto, según el Asesor Jurídico del municipio, Sergio Galleguillos “no se justifica”.

La tarde de este viernes 19 de febrero, tal como había sido acordado, el Asesor Jurídico se dirigió al Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, donde realizó la denominada consignación judicial a la cuenta corriente de dicho juzgado, la suma de $8.450.862.

Al respecto, Sergio Galleguillos indicó que “dando estricto cumplimiento a la resolución judicial, siempre dentro de los plazos que la ley establece, se ha hecho efectivo el pago que el tribunal determinó y por lo tanto es una causa que se encuentra terminada y cerrada”. Galleguillos fue enfático en señalar que “nunca existió una orden de arresto contra el alcalde, porque si algo ha distinguido su labor, en la actual administración municipal, es el irrestricto apego a las normas legales y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, pero siempre y cuando éstas se encuentren bajo una resolución firme y ejecutoriada, por lo que nadie puede alegar  contra la administración actual y el alcalde Claudio Rentería, no cumple con la ley o con las resoluciones judiciales”.
Cabe destacar, que la petición del docente Luis Guillermo Castillo fue “acogida parcialmente, porque el solicitó más dinero y él no obtuvo todo lo que pretendía con su demanda” agregó Sergio Galleguillos.

El pago de esta indemnización se realizó directamente en el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, donde se evaluaría la cancelación a Castillo, ya que el docente mantiene una demanda por presunto acoso laboral , interpuesta por una funcionaria, representada por el abogado Sergio Pizarro, por la suma de 30 millones de pesos , por lo que la cancelación realizada por el municipio, podría ser retenida.

Según el tribunal las evidencias presentadas en su contra por el Ministerio Público fueron insuficientes para demostrar su participación en los hechos.

En juicio oral concluido hoy viernes la Fiscalía de Ovalle acusó a Carlos Andrés Araya de ser el autor de tres delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en igual número de locales comerciales del centro de la ciudad.

El primero de ellos, según señala la acusación del Ministerio Público, ocurrió el 16 de abril del año 2012 cuando alrededor de las 11. 50 horas una persona desconocida ingresó por escalamiento desde el techo del local ubicado en calle Victoria 362 para sustraer una caja metálica que contenía la suma de $ 700.000 en  monedas de distinta denominación. Asimismo paquetes de cigarrillos.

Apenas tres días más tarde, agrega el Ministerio Público, el local comercial ubicado en calle Coquimbo 359 sufrió un delito de similares características, con la pérdida de  una caja registradora con $ 500.000 en dinero en efectivo.

Finalmente en la madrugada del 16 de julio del mismo año, el local ubicado en la esquina de calle Vicuña Mackenna y Arauco, Vicuña Mackenna 195, fue víctima del tercer delito en el que el o los autores se apoderaron de una caja registradora con la suma de $ 1. 200.000 en dinero efectivo.

Los días jueves y viernes el Ministerio Público en el tribunal Oral de Ovalle dio a conocer el testimonio de los funcionarios policiales que desarrollaron las investigaciones, así como las evidencias existentes, que acreditarían la participación de Araya Araya en estos delitos. Entre estos imágenes de video de uno de los locales, así como resultados de pruebas biológicas encontradas en uno de los delitos que inculpaban al acusado.

Sin embargo el Tribunal, por unanimidad, resolvió que si bien se encuentra demostrada la ocurrencia de los delitos, las evidencias y testimonios presentados por la Fiscalía resultan insuficientes para demostrar la participación de Carlos Araya en estos hechos. Porque mientras las imágenes, según las declaraciones de los peritos no confirman que delincuente y acusado sean la misma persona,  las pruebas de ADN en sangre encontrada en monedas en uno de los locales corresponden al acusado, no está absolutamente claro el lugar en la que esta prueba fue encontrada.

De tal manera que  al no existir más allá de toda duda razonable la culpabilidad del acusado, se resolvió su absolución de los delitos y su libertad inmediata.
La audiencia con el texto definitivo de la sentencia fue programada para el miércoles 24 a las 13. 50 horas.

Ahora, esto no significa que Carlos Araya sea una “blanca paloma”, sino se trata de un avezado delincuente con quince condenas anteriores por diversos delitos, algunos de ellos muy similares. Por ejemplo el del 24 de julio del 2012 (es decir pocos días después de uno de los delitos por el que fue absuelto hoy) cuando fue sorprendido oculto en el interior de un local de juegos de calle Vicuña Mackenna, con $ 2 millones en su poder, luego de ingresar por un forado. En esa oportunidad fue sentenciado a 100 días de presidio.

En marzo del año siguiente, también fue sorprendido oculto en el baño del Restaurante El Tarascón, oportunidad en la que fue condenado a 150 días de reclusión.

¿Recurrirá esta vez el Ministerio Público a la Corte de Apelaciones para solicitar la nulidad de la sentencia, o la acatará sin objeciones?

Al mediodía de hoy en un local de calle Benavente representantes de la Asociación Gremial de Juegos Electrónicos de Ovalle se reunieron con medios de comunicación locales para dar a conocer su punto de vista referente al diferendo que estos tienen con el Municipio local.

El abogado Ernesto Núñez, representante legal de la Asociación Gremial se refirió en primer lugar al recurso de ilegalidad y protección existente en la Corte de Apelaciones de La Serena  que tendrá que resolver sobre el tema en el curso de los próximos días, luego que el Municipio resolvió congelar el otorgamiento de patentes desde el segundo semestre del año pasado.

“Es un recurso de ilegalidad que lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, cuando existe  una acción u omisión de parte de la Alcaldía o de la Municipalidad de Ovalle. Y aquí  concretamente lo que hay es una omisión. ¿Y cual es? Concretamente respecto a lo que ha ocurrido con el congelamiento  de las patentes. Nosotros nos hemos acercado como contribuyentes a pagar nuestras patentes  y  no hemos tenido ninguna respuesta oficial respecto al congelamiento, sino que lo  único que se ha limitado es a decirnos que hay una situación pendiente  sobre una ordenanza, ordenanza que dicho sea de paso es muy  importante aclarar, que el  Concejo Municipal en su mayoría está dispuesto a poder regularla;  por lo tanto acá estamos en una situación jurídica  que no es para nada la ilegalidad de  las máquinas, sino  de la ilegalidad del comportamiento de la Municipalidad  respecto del comportamiento de las patentes. Y eso es lo que se está discutiendo en La Serena”, señaló el profesional .

En lo que se refiere a la supuesta ilegalidad de las máquinas de juegos que operan en los locales de Ovalle , Núñez asegura que existe un desconocimiento de parte del municipio sobre el tema de diferencias entre las máquinas de azar y las de destreza. “Aquí derechamente no existe azar, y eso está comprobado. Incluso más,  el mismo ex Superintendente de Casinos de Juegos vino  a aclarar al alcalde y a todos los concejales  esa precisión técnica . Pero es una decisión que es ignorada, por un desconocimiento que viene de alguna manera asociado a una altanería . Creo, y me parece justo decirlo que la gente de Ovalle no es tonta y sabe  que se está ad portas de la instalación  de un Casino  y los reales intereses parece que vinieran a partir  de eso, de la  defensa”.

Por otra parte , aunque reconoció el reducido monto de la patente comercial que paga cada local (alrededor de 90 mil pesos anuales), esto es lo que se regula a través de la Ley de Rentas Municipales, afirmó  .

“ Y aquí lo que han hecho los contribuyentes es seguir lo que ha ordenado la Municipalidad y si se establecen patentes, pagos, cánones es porque hay una ley que lo determina, y la Ley de Rentas Municipalidades establece los montos a pagar, y si eventualmente  la Municipalidad quiere establecer un permiso distinto, para eso está la ordenanza. Una cosa distinta que el señor Rentería hoy quiera decir que esa ordenanza no se ajusta a lo que él cree que debiera ser. Es más, él  fue como ministro de Fe, el que  autorizó  la ordenanza en el 2012, por lo tanto no puede alegar un desconocimiento”, concluye.

Esta semana el Municipio de Ovalle, a través de declaraciones del asesor jurídico, Sergio Galleguillos,  se refirió al recurso de ilegalidad presentado ante la Corte de La Serena por la Asociación Gremial .

“El tema se judicializó y, como municipio, estamos a la espera de la resolución de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, para ver su legalidad, porque no estamos de acuerdo con el desarrollo de este tipo de negocios. Nosotros nos presentaremos a todas las instancias, para defender la postura de la municipalidad de Ovalle frente a esta actividad que se desarrolla en la ciudad”, señaló el profesional.