A propósito de la investigación del académico, doctor en historia don Pablo Lacoste, “Desentrañando el misterio de la Hacienda La Torre, primera pisquera del mundo”, donde anunció que en 1734, encontró “tres botijas de Pisco”, siendo este el primer registro en América de un aguardiente con este rótulo.

Ante esto, viene a la memoria que hay distintas interpretaciones para el origen del término, por ser;  “Pisco” vendría del quechua, donde llamaban “Pishqus” a las aves y desde mediados del siglo XVI los españoles empezaron a usar ese nombre para un río, un poblado y un puerto en Perú. Además el aguardiente se almacenaba en “botijas de arcilla” exportadas desde Chile y se les denominaban “Piskos”. Otro alcance es que gran parte de los aguardientes de uva del Reyno de Chile llegaban al Virreynato a través del Puerto de Pisco para el gran mineral de Potosí en los siglos XVI y mediados del XVII.

Chile, en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, por medio del Decreto con Fuerza de Ley (DFL) número 181 de 15 de mayo 1931, establece que: “Solamente podrá denominarse Pisco, el aguardiente obtenido por destilación de caldos de uva, cosechadas al interior de una parte muy determinada de las Provincias de Atacama y Coquimbo, y los que así no fueren, serán considerados productos falsificados”.

Hay que tener en cuenta que ambas naciones no existían como tal en los inicios del aguardiente de uva en América, pero sí, se desarrollaba en ambos sectores. Con el tiempo, Perú abandonó la producción de este aguardiente, ya que se dedicó a la caña de azúcar y al algodón, mientras que Chile siguió perseverando. Solo hace pocos años están dándole importancia. Por ello hacemos un llamado a los integrantes de la industria pisquera que según datos al 2014 agrupaba a 2.734 productores de los cuales el 85% son pequeños agricultores (2.423) con menos de cinco hectáreas plantadas y que le dan trabajo permanente a 3.863 y en época de cosecha sube a 24.000 personas, a cuidar esta industria y por ende, esperamos que el Estado cautele, proteja y asegure la calidad del producto con buenos niveles de control, sobretodo, con la traída de “caldos” de otras zonas, inclusive de Argentina, colocando en riesgo esta denominación.

En la última Feria de Peñuelas (2016), conversando con cooperados pisqueros, dejaban entrever que sus acciones se han desvalorizado y no tomaban todavía una decisión respecto a su producción, porque, el precio de compra de uva, sería de 80 pesos y tenían que ver si seguían con las parras o se reconvertían como ya lo han hecho algunos.

Esto reafirma que hay que cuidar esta industria, ya que, en Chile la tendencia va hacia la disminución de la producción, ya sea, por factores exógenos (escasez hídrica) o por factores endógenos (tendencia del Estado a imponer cargas impositivas y que las propias cooperativas pisqueras importen y distribuyan licores que le hacen la competencia interna “envasado de aguardiente de caña”),(leer “Crisis del Pisco, un disparo al pie”06/04/2014, en este mismo diario). Mientras en Perú, es a la inversa, promueven el aumento de producción, por medio de bajar la carga impositiva y facilidades de regadío, en todo acto oficial debe haber pisco sour e inclusive en los aeropuertos.

Por lo anterior se corre el riesgo que dado el volumen de producto peruano en el exterior, para Chile sume cero, tener denominación de origen.

Octavio Álvarez Campos
Profesor de Historia y Geografía
Coquimbo

Todos hemos sido testigos como en innumerables ocasiones las máximas autoridades de Gobierno, incluida dentro de estas la presidenta Bachelet, dan explicaciones de que tal programa, proyecto o promesa no será cumplida o que tan sólo una parte de ella se podrá llevar a cabo, debido a la falta de recursos. Los mismos que faltarían para mejorar la educación, la salud, las condiciones laborales de los funcionarios públicos, etc. ejemplo de ello, es el caso que involucra a los cerca de 40 mil estudiantes que quedaron fuera del beneficio de gratuidad en la educación superior prometido por la propia presidenta Bachelet en mayo del 2015, al decir que 200 mil estudiantes serían los favorecidos, resultando favorecidos en realidad sólo 160 mil, puesto que no alcanzaban los recursos para cumplir dicha promesa.

Si bien se puede entender que las necesidades son incalculables y los recursos públicos son escasos; no es entendible ni razonable que frente a dicho panorama de recursos limitados, estos sean utilizados en la realización de un documental sobre la gestión de Bachelet; aunque a decir verdad, lo anterior no debiese de extrañarnos ni sorprendernos, puesto que sólo cabe recordar el gasto cercano a los 2 millones de dólares que incurrió Bachelet, por concepto de imagen y comunicaciones, durante su anterior período; por esto mismo no es de extrañar que este documental se realice con la clara intención de mejorar su deteriorada imagen en un año electoral, siendo un claro intento de propaganda (encubierta) reflejando con ello, sólo lo desesperados que se encuentran por permanecer en el Gobierno. Es claro que los asesores de la presidenta, saben que este tipo de propaganda junto al poderío en las comunicaciones y en lo económico, sirven como método para atacar a sus opositores y que es de hecho una técnica para lograr el control social tal como se hizo después de la primera guerra mundial por ejemplo se hizo en su tiempo con el cine nazi y sin ir más lejos es cosa de ver la vida de Celia Cruz y ver con profundo dolor como el tolitarismo invade las vida de las personas, pasándolas a llevar hasta en lo más íntimo e incluso el no respetar la propia capacidad de emprender y desarrollo de las personas.

A todas luces, este documental es absolutamente innecesario e inoportuno no sólo por las condiciones económicas del país, en que según los expertos es muy probable que tengamos una desaceleración significativa, por lo que el 2016 podría ser igual o peor que el 2015; sino porque estamos hablando de que los recursos que serán utilizados son de todos los chilenos; y es más sólo la etapa inicial del documental tiene un costo de 40 millones de pesos, los cuales fueron asignados de forma directa (a dedo), sin licitación, por el súper cuestionado y ya renunciado director administrativo de la Presidencia el señor  Cristian Riquelme; sin embargo, lamentablemente, estas designaciones directas tampoco debieran de extrañarnos ya que por antecedente denunciado por la prensa, durante el año 2015 el señor Riquelme habría realizado compras directas, sin licitación por más de 3 millones de dólares, con además más de 5.200 órdenes de compra firmadas por él, en donde cerca del 40% de los pagos se realizaron directamente a proveedores lo que agrava este proceso, es el hecho de que los recursos hayan sido asignados en forma directa a la cineasta Tatiana Gaviola quien era parte del equipo de comunicaciones y asesora presidencial en ejercicio en la moneda, con un sueldo de 3 millones de pesos mensuales, lo que hace de este un acto ilegal, ya que está estrictamente prohibido que un funcionario público en ejercicio, tenga además un contrato directo con su jefe.

Lo anteriormente descrito me recuerda la demanda del ex-presidente de la cámara de diputado y ex-presidente del PPD Jorge Schaulsohn quien entre otros miembros de la Concertación hablaron «de la ideología de la corrupción» señalando que «Se había inventado una ideología para dar sustento y legitimidad a la utilización de los recursos públicos para fines políticos» razón por la cual, más tarde fuera expulsado de su partido, por el simple hecho de decir la verdad, todo esto me resulta especialmente grave, ya que nos encontramos frente a un Gobierno que usa los recursos de todos los chilenos para fines propios, político-partidista y que peor aún lo hace al margen de la ley, no una, ni dos veces, sino en repetidas ocasiones agudizando más aún la crisis de confianza y credibilidad en las autoridades de nuestra historia Republicana.

Dra. Susana Verdugo Baraona.