Señor Director:

En el documento “Democracia radical para la emancipación”, que dio vida a nuestro proyecto, señalamos –entre otras cosas- que el instrumento partidario a construir debe hacerse cargo de intervenir en la política institucional y, por ende, salir a disputar poder institucional. Sin embargo, establecimos que nuestro deber es también promover la participación y la deliberación de los diferentes grupos y movimientos de la sociedad que expresan genuinamente la diversidad de expresión de la voluntad política popular.

El estallido del 18-O, y el proceso de politización que le sigue, se caracterizó por ser inorgánico y no tener dirigencia alguna. Una espontaneidad colectiva se cristalizó e hizo su entrada en la esfera pública. Si somos sinceros nadie sabe todavía qué sentido expresó lo que allí se cristalizó y habrá que estudiarlo todavía profundamente en todas sus dimensiones. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ni un partido ni una institucionalidad política o social pueden arrogarse el origen del estallido y, menos aún, la conducción o representación del poder político que allí se manifestó. Es más, el comienzo del proceso para una nueva constitución, en el cual estamos hoy inmersos, no es producto de la acción o diligencia de las fuerzas políticas institucionalizadas, sino del hecho indiscutible de que sus competencias y prerrogativas constitutivas sencillamente quedaron despojadas de aquella legitimidad que sólo el poder popular puede entregar.

En este sentido, es cierto que los representantes de la institucionalidad andan por la calle, políticamente, desnudos. El afán de la política por hallar una nueva vestimenta de legitimidad fue lo que llevó a sus partidos a reaccionar en bloque y acordar un camino hacia una nueva institucionalización que vacíe el ámbito público de aquel poder de lo político que apareció el 18-O. Hoy, la pregunta fundamental ante la cual estamos se puede resumir de la siguiente manera: ¿tendremos una constitución que expulse nuevamente de la esfera pública al poder de lo político y envié a los sujetos activos, organizados y deliberantes otra vez a su ámbito privado? Que este poder de lo político (poder constituyente, a fin de cuentas) existe, queda de facto demostrado en la formación de una expresión de organización, gestada de abajo hacia arriba, que apareció: los cabildos y asambleas territoriales.

En efecto, miles de reuniones de vecinas y vecinos reflexionando sobre su problemática local y la realidad nacional, haciendo síntesis y logrando acuerdos, independientemente de la diversidad de percepciones e ideologías subyacentes, fue el dato nuevo de la política postdictadura y postconcertacionista. Si bien hubo antes múltiples asambleas sectoriales y gremiales, que responden a la convocatoria de las fuerzas ya organizadas antes del estallido, éstas tampoco aparecen como la fuente de origen del 18-O. Por ende, postulamos como verdad evidente que la aparición inédita post 18-O han sido las asambleas territoriales o cabildos.

Cabe precisar que, antes del 18-O, existían en muchos territorios de nuestro país; organizaciones de base constituidas en asambleas, las que venían insistiendo en el ejercicio de la soberanía popular. No obstante, es el estallido y el proceso que le sigue lo que permite relevarlas como sujetos políticos incidentes. Por tanto, es el conjunto de las asambleas territoriales las que reivindicamos en nuestra propuesta, para que sus delegadas y delegados puedan hacer efectivo el mandato que de ellas emana.

También es menester señalar que, mientras que el conjunto de los partidos políticos suscribía un acuerdo para viabilizar una salida a la crisis que los afectaba directamente, las asambleas y cabildos avanzaban formando coordinaciones comunales, regionales y nacionales. Con todas sus complejidades y debilidades, estos espacios se consolidaban como la alternativa de un proceso constituyen- te impulsado desde la ciudadanía como contraparte a una salida por arriba consensuada por las cúpulas políticas.

Pasado el verano de este año, justo cuando se anunciaba un recrudecimiento de las movilizaciones callejeras y se producía un avance en la coordinación de las asambleas territoriales, vino la pandemia a desmontarlo todo. De ahí en adelante, las movilizaciones y las asambleas perdieron fuerza y capacidad de incidencia. El espacio virtual no es el lugar propicio para experiencias de lo político. Si bien las ollas comunes volvieron a poner en acción a muchas y muchos asambleístas, lo que ha primado en ese espacio es el sentido social de la organización, pues se pretende lograr la satisfacción de una necesidad biológica tan básica como es la alimentación, por lo que el ejercicio de deliberación política perdió en persistencia.

Todo el escenario descrito favoreció la instalación de la figura de una Convención Constitucional dominada por los propios partidos cuestionados y, de pasada, neutralizando la demanda popular de una Asamblea Constituyente. Una vez más la democracia de las representaciones se impuso a la democracia participativa y deliberativa.

A una semana del plebiscito nadie duda del triunfo del Apruebo. La importancia del paso que significa borrar un marco institucional de más de 40 años (1980-2020), impuesto a sangre y fuego, el terminar con un bando militar devenido en Constitución Política que, durante 30 años de una seudodemocracia subyugada al modelo económico neoliberal, resguardó su esencia.

Seguramente, el triunfo de la opción Convención Constitucional no será tan contundente como el del Apruebo, lo que abrirá una brecha para discutir a la interna del Frente Amplio los porcentajes y tipos de participación de los independientes en dicha Convención.

Al margen de la presión que ejerzan y de las acciones que impulsen las Asambleas y Cabildos territoriales para lograr una participación en el proceso constituyente, existe ya un espacio en el marco de una Convención triunfante para instalar ahora una propuesta política que implique poner los cupos partidarios a disposición de los y las representantes de las Asambleas y Cabildos territoriales. Acto que reivindicaría, en parte, la soberanía relativizada por un tipo de torneo electoral más bien excluyente de la expresión política no institucionalizada.

Es fundamental precisar que no es lo mismo entregar cupos a independien- tes que podrían representarse perfectamente a sí mismos, que entregar dichos cupos a representantes mandatados por las Asambleas y Cabildos comunales. La elección de esas vocerías implicaría un nivel de coordinación de dichos núcleos a nivel comunal, constituyéndose en un ejercicio político que, por un lado, podría hacer justicia respecto a la legitimidad de los procesos asamblearios y, por otro, ayudaría a potenciar a los mismos al visibilizar su participación y poder deliberativo en el nuevo origen constituyente de nuestro país.

La discusión y los acuerdos de una nueva Constitución Política del Estado de Chile debieran ser –sobre todo– el ejercicio practicado por delegadas y delegados desde la oferta marketeada de los clásicos torneos electorales, donde sabemos ganan siempre quienes tienen mayores recursos materiales y financieros.

En una sociedad marcada por los patrones culturales del neoliberalismo, no es difícil encontrar, incluso entre las militancias de las izquierdas, una sobrevaloración del saber cognitivo por sobre la capacidad de entendimiento de la realidad pública que, a su vez, desprecian las experiencias no institucionales de lo político como fuente de saber. En este sentido, hemos visto que muchos representantes que “saben” mucho no logran “entender” la realidad política en la que se encuentra Chile. Esto no significa que no creamos que el saber (legitimados por los títulos profesionales) pueda ir de la mano con el entender. Sin embargo, dicho acoplamiento ha estado totalmente ausente en las decisiones institucionales. Técnicamente se trataba de treinta pesos, políticamente de 30 años. Esto es parte de los cambios que debemos impulsar, es decir, ubicar estas formas de pensar en los respectivos espacios que pertenecen y reconocer que el saber técnico incorpora tan sólo una perspectiva al espacio de las discusiones sobre los asuntos públicos y que, por ende, ella no debería asumir nunca una categoría imperativa.

Dicho todo lo anterior, creemos que la verdadera representatividad de la Carta Constitucional no sólo tiene que ser el resultado de la activación de la deliberación de los mandatos populares constituyentes, sino también el texto constitucional final debe estar en concordancia con dicha activación fomentando su mantención y crecimiento hasta el fin de los tiempos. Este es el espíritu que deseamos domine en la futura constitución, es decir, que la nueva Carta Fundamental de Chile mantenga vivo aquel poder popular que precisamente le dio a ella vida. Pensamos que esto debe ser el mandato esencial que los constitucionalistas y expertos en derecho tienen que materializar en la redacción del texto constitucional.

En concreto, lo que esta propuesta busca es pedirles a los partidos de las izquierdas la incorporación de representantes de los cabildos y asambleas territoriales en un porcentaje no inferior al 50%. Un gesto así sería la prueba política de que están al servicio de una vocación y legitimación popular. Sólo así se puede entender que las organizaciones políticas institucionalizadas llamen a votar por una Convención Constitucional. Entendiendo que sea verdad que al final del día optaron por el mejor acuerdo posible y lo firmaron realmente en el afán de terminar con la constitución dictatorial-concertacionista.

Este acto no puede estar sujeto a las reacciones de la derecha o a los chantajes de los ex concertacionistas. Es privativo de cualquier partido que se declare representante de una soberanía colectiva y popular, el escuchar, entender y fijar políticamente las transformaciones que dicho poder popular requiera. Somos conscientes, que para evitar patologías populistas se requiere una formación continua del sujeto político que deseamos fomentar. Por lo mismo creemos que los ciudadanos pueden llegar a ser verdaderamente democráticos solamente si viven en una verdadera democracia; es decir, en un sistema político que los alienta a estar actuando continuamente en la vida pública junto a otros (que pueden ser muy diferentes a ellos) y ejercitando constantemente el poder político que nace de la discusión y deliberación.

Consejo de Las Comunas
Proyecto La Comuna