Se hizo notar que, tal como fue aprobado el proyecto en la Cámara de Diputados, eso terminaría afectando a más de 10 mil funcionarios públicos de distintos servicios y organismos del Estado, que verían reducidas sus remuneraciones.
Con la definición en general de las autoridades a las que se les aplicaría una regulación de sus remuneraciones, la Comisión de Constitución del Senado inició el estudio de las 34 indicaciones que se presentaron al proyecto de reforma constitucional que busca determinar por ley el monto de las dietas parlamentarias y de una serie de autoridades del Estado.
Cabe recordar que tal como fue aprobado el proyecto
en la Cámara de Diputados, la rebaja de las dietas parlamentarias traería
consigo una suerte de efecto dominó que terminaría afectando a más de 10 mil
funcionarios públicos de distintos servicios y organismos del Estado, que
verían reducidas sus remuneraciones.
Es por eso, que una de las primeras definiciones
generales que acordó la Comisión de Constitución -y que debería ser ratificada
el próximo lunes cuando se inicie la votación de cada una de las indicaciones-
es la de acotar el ámbito de aplicación de esta ley, limitándola a los cargos
de elección popular de senadores, diputados, presidente de la república,
gobernadores regionales y los cargos de exclusiva confianza como ministros de
Estado, intendentes, seremis, jefes superiores de servicio, entre otros.
De acuerdo a lo manifestado por los senadores Alfonso
De Urresti (presidente), Francisco Huenchumilla, Felipe Harboe, Víctor Pérez y
Andrés Allamand, la idea es que esta iniciativa se aboque a las
remuneraciones de ese tipo de cargos y que no afecte a funcionarios de carrera.
En la sesión también estuvo presente el senador José Miguel Insulza,
quien valoró los principios de acuerdo y manifestó la necesidad de zanjar este
proyecto a la brevedad.
Los senadores señalaron que quedarían excluidos de
esta regulación los alcaldes, concejales y consejeros regionales y también los
miembros del Poder Judicial.
Otro de los criterios que se definieron hoy es que
sería una comisión autónoma la encargada de definir el monto de las
remuneraciones en esos casos, la que estaría integrada por 5 miembros
designados por el presidente de la república y ratificados con los 2/3 del
Senado.
Entre las personas que se proponen para integrar la
comisión se encuentran un ex consejero del Banco Central; un ex Ministro de
Hacienda; un ex Director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda; un ex presidente del Senado o de la Cámara de Diputadas y Diputados;
un ex Director Nacional del Servicio Civil, o un ex Contralor o subcontralor.
Del mismo modo, se acordó que mientras no exista
dicha comisión, habrá una norma de transición que señala que será la Alta
Dirección Pública la encargada de fijar las remuneraciones para las autoridades
que defina la ley. El proyecto aprobado en general establece que en el período
que medie entre la publicación de la reforma y la fijación de las
remuneraciones, las autoridades afectas percibirían el 50% de su remuneración
vigente.
CARGOS DE ELECCIÓN
Durante la sesión, los senadores coincidieron en
que era necesario acotar el ámbito de aplicación de esta ley a los cargos de
elección popular o de exclusiva confianza y no mantener lo que fue aprobado en
primer trámite, que amplió el abanico a diversos organismos afectando a casi 10
mil funcionarios públicos.
En tal sentido, el senador Huenchumilla
manifestó que la idea es «legislar en base a un segmento acotado del
Estado, que llamo el segmento político de exclusiva confianza del Presidente y
de elección popular, excluyendo a los alcaldes, concejales y cores que tienen
sus propias leyes orgánicas»,
El senador Harboe señaló que es positivo
acotar la iniciativa pues si no se verían afectados miles de funcionarios
públicos. Dijo que también «hay que regular el tema de los honorarios de
las personas de confianza… hay un conjunto desigualdades que hace que las
remuneraciones políticas sean más altas y hay que hacerse cargo de las
remuneraciones del Estado y de la política de recursos humanos para ver cómo
somos capaces de tener un cuadro de profesionales con remuneraciones adecuadas
y parámetros objetivos».
El senador Allamand destacó los criterios
alcanzados respecto a los ejes que debiera tener esta iniciativa y señaló que
es partidario de que quede establecido en la Constitución «que las rentas
de ministros y parlamentarios deben ser idénticas. Es bueno que ese principio
se mantenga».
En la misma línea se manifestó el senador Pérez
Varela quien destacó la idea de que «el que fije las remuneraciones
tiene que ser una entidad del más alto nivel, con experiencia y que sean sus
integrantes los que resuelvan las distintas aristas que se puedan ver
consideradas».
El senador De Urresti valoró los principios
alcanzados señalando que cuatro constitucionalistas coincidieron en que
«el proyecto como viene está mal. Hay un montón de funcionarios que tienen
carrera funcionaria que verían limitadas sus remuneraciones…la idea es aplanar
la diferencia entre las altas remuneraciones y las bajas remuneraciones».
