El objetivo es eliminar los ‘rankings por colegio’ para que los establecimientos se enfoquen en mejorar el nivel educativo y no en la competencia entre los recintos, por ejemplo, mediante la página del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
En
condiciones de ser visto por la Sala del Senado, quedó el proyecto –en primer
trámite- que busca modificar el sistema nacional de aseguramiento de la
calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, con el
objetivo de precisar la forma en que se presentarán los resultados de las
evaluaciones de logros de aprendizaje.
Esto luego que los integrantes de la Comisión de
Educación y Cultura aprobaran la idea de
legislar luego de escuchar a representantes del Centro de Estudios Públicos
(CEP) y la fundación Nodo XXI (organización sin fines de lucro que reflexiona
sobre distintos temas país) en la última sesión.
La moción de autoría del senador Carlos Montes, y que es apoyada por sus pares Isabel Allende, Carlos Bianchi, Alejandro Guillier y Alejandro Navarro, pretende limitar la difusión de los puntajes del Sistema de Medición de la Calidad Educativa (SIMCE) a nivel de establecimientos educacionales, permitiendo que éstos sólo se puedan presentar con carácter nacional, regional y comunal.
El objetivo es eliminar los ‘rankings por colegio’ para que los establecimientos se enfoquen en mejorar el nivel educativo y no en la competencia entre los recintos, por ejemplo, mediante la página del Sistema de Admisión Escolar (SAE).
Al término de la votación, el presidente de la
Comisión, el senador Juan Ignacio Latorre comentó que “se busca
restringir la visibilidad de los resultados del SIMCE para evitar la distorsión
que se da en el proceso de selección de establecimientos. Ojo que acá no se
elimina la posibilidad de informar sobre la categoría en que está el
establecimiento, sino que se busca evitar el exceso de importancia que se da a
esta herramienta que a veces se le considera un fin en sí mismo”.
SIMCE CUESTIONADO
La investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre
se abocó a responder la consulta ¿el problema es la difusión o la calidad del
instrumento?, esto refiriéndose a los cuestionamientos que ha tenido el SIMCE y
la idea del proyecto de limitar la entrega de sus resultados.
En tal sentido, aseguró que “evaluar e informar
tiene sentido en la medida que los instrumentos sean de calidad. Si los
instrumentos son técnicamente defectuosos, entonces de nada sirve evaluar e
informar. Pero el problema no es la evaluación ni la información sino la
calidad de los instrumentos”.
La profesional dio a conocer estudios que han
realizado, donde se revisa cómo los resultados de esta herramienta afectan la
postulación que realizan los padres para matricular a sus hijos en los
distintos ciclos educativos.
A modo de conclusión, Eyzaguirre recomendó reducir
la brecha informacional, es decir, comunicar a los postulantes prioritarios su
calidad de prioritarios y los beneficios asociados; como así también ampliar la
difusión de los indicadores objetivos de calidad, especialmente en la población
más vulnerable. “También es conveniente someter a una evaluación internacional
nuestro SIMCE y establecer por la ley la obligatoriedad de evaluaciones
internacionales obligatorias, de ser posible cada 8 años”, planteó.
“EL PROYECTO SE HACE CARGO SOLO DE UNA PARTE DEL PROBLEMA”
En tanto, el académico de Nodo XXI, Iván Salinas
explicó que “han pasado más de 30 años desde que se creó el SIMCE, una
herramienta cuyo principal objetivo fue y ha sido de carácter ideológico en el
sistema, pero que hoy ha sido visto, erróneamente, como el indicador de la
calidad de la educación”.
En tal sentido mencionó que “el problema del SIMCE
para el sistema escolar tiene que ver con tres elementos: su carácter
antipedagógico; sus problemas técnicos o metodológicos; y las consecuencias que
tiene para las escuelas. Esto lleva inevitablemente a mostrar que el proyecto que
hoy discutimos –sobre la publicidad de los resultados SIMCE- solo aborde una
parte del problema”.
El profesor aclaró que “no es la publicidad de los
resultados por sí sola la que genera el problema, sino que lo es la producción
y disposición de los resultados para su uso. Es decir, mientras haya datos
censales del SIMCE, y se puedan pedir por cualquier medio, la publicidad
existirá”.
Siguiendo esta línea, aseguró que “este proyecto de
ley no tendrá el efecto esperado a menos que se resuelva también el discutir
otro tipo de medidas relacionadas con las mediciones educativas. Entre éstas
están:
i) Investigar a fondo los intereses creados en
torno al SIMCE.
ii) Eliminar el carácter censal de las mediciones
de logro académico. Asumir que la medición, para informar la política
educativa, no necesita tener de una prueba censal.
iii) Detener la aplicación de las mediciones hasta
que se otorgue una absoluta certeza de sus limitaciones.
iv) Eliminar todas las consecuencias e incentivos
asociados a los resultados SIMCE, en particular el cierre de escuelas públicas
y que atienden a población vulnerable”.
