Nuestra Constitución Política, en su Capítulo I artículo 4; declara que “Chile es una República Democrática”; pero lo propio de una República es que tanto los ciudadanos como las autoridades estén sometidas a las leyes y no a la voluntad antojadiza de ciertas personas, lo cual está consagrado ampliamente en el artículo 7 del mismo cuerpo legal. Pero ¿qué significa esto en concreto?, lo que quiere decir es que las actuaciones de las diversas entidades no dependen de la buena voluntad de nadie sino de las leyes y de las Instituciones y que éstas operan de la misma manera para todos o eso por lo menos en la teoría y en el papel, pues si bien es cierto Chile se autodefine como una República Democrática, en ésta ¿funcionan realmente sus Instituciones? veamos:
Un Poder Ejecutivo, cuyas máximas autoridades alcanzaron el Gobierno mediante recaudaciones financieras contrarias a la legislación aplicable, muchas de las cuales conservan aún sus puestos de trabajo.
Un Poder Legislativo, donde una parte considerable de sus integrantes, ha perdido toda legitimidad luego de conocerse prácticas que si bien en algunos casos no son constitutivos de delito, en el mejor de los supuestos reflejan conductas reñidas con los principios más elementales de la ética.
Un Poder Judicial cuya cabeza contrata como asesor a un exministro que a través de la televisión reconoció con tal desparpajo, con tal desfachatez, el haber condenado a exmilitares sobre la base de una ficción jurídica, cuestión que está prohibida en nuestra legislación penal pero que al parecer por tratarse de militares a nadie pareciera importarle dicha situación.
Un Ministerio Público con fiscales que no sólo violan el deber de no revelar antecedentes de investigación que están en curso; sino que derechamente falsifican documentos a fin de aparecer cumpliendo las metas que en realidad no se alcanzaron y que además de eso, reclamen los bonos por el cumplimento de metas.
Un Servicio de Impuestos Internos, cuyas prácticas se parecen mucho más a una policía política, que a la de un Organismo autónomo que debe fiscalizar y recaudar tributo aplicando las leyes de la misma manera para todos pero que; sin embargo, no duda en ceder a presiones del Poder Ejecutivo para no cumplir con su función.
¿Podemos considerar todo lo anterior como propio de una República Democrática? y si con eso no tuviéramos suficiente; en primer lugar, el Gobierno que asume, pareciera sufrir una suerte de amnesia selectiva donde todo lo bueno lo ensalzan (y digamos que eso es un bien escaso en este Gobierno y lo malo que por desgracia es lo habitual se les olvida o simplemente no les compete según ellos). Segundo, las leyes se improvisan constantemente y sí por algún motivo, éstas logran “ver la luz de inmediato” requieren de múltiples y sucesivas aclaraciones que permita primero entenderlas y luego de entenderlas ver cómo aplicarlas. Tercero, que ante la total ausencia del liderazgo Presidencial, se nos pretenda hacer creer que esta apreciación no es más que un fruto de nuestra imaginación. Cuarto, que luego de conocida las presiones que el exministro del Interior realizó al Director del Servicio de Impuestos Internos, a fin de que éste no se querellara en los puntos que implicaban a la Nueva Mayoría.
Pero si estamos frente a un Servicio de Impuesto Internos, que en innumerables veces el Gobierno no se ha cansado de repetir que es autónomo, porqué se producen estos “telefonazos” para hacer una suerte de selección de lo que es más o menos conveniente para los intereses particulares de los gobernantes y no de los gobernados, en donde el bien común y la igualdad ante la ley debiese ser la primicia aquí. Por lo que un país en donde sus Instituciones realmente no funcionan, no puede llamarse República y mucho menos democrática; un Estado que no garantiza que sus Instituciones se subordinen a la ley y que, por el contrario, pareciera que primara el criterio de los funcionarios que las presiden en vez del bien común, atentando de plano contra el artículo 6 de nuestra Constitución, no merece llamarse República Democrática.
Desgraciadamente a la luz de los antecedentes, en Chile las Instituciones NO están funcionando y de seguir por este rumbo de “República Democrática” sólo nos quedará el nombre porque de facto estamos transitando peligrosamente hacia una verdadera democracia fantasma.
Susana Verdugo Baraona
