El protocolo II fue aprobado por la Cámara Alta y se convertirá en Ley de la República, con lo que se espera que en el mes de octubre se inicie el proceso para licitar y construir la obra más importante de la última década en América Latina.
El proyecto que busca unir la Región de Coquimbo-Chile y la Provincia de San Juan- Argentina, con un túnel de 14 kilómetros de longitud, a través de la cordillera por el paso Agua Negra, ya es un hecho. Así lo ratificó el Senado de Chile, con la aprobación unánime del protocolo de acuerdo que establece las condiciones para licitar la construcción de la obra, y que fue despachado para su promulgación como Ley de la República.
Para celebrar el histórico momento, autoridades chilenas y argentinas, participaron de una videoconferencia en la que destacaron el impulso dado por las Presidentas de Chile y Argentina, al proceso de integración de ambas naciones, compromiso que se asumió con el Tratado de Maipú suscrito en el año 2009, entre las mandatarias Michelle Bachelet y Cristina Fernández.
Junto con reconocer el aporte de autoridades y diversos equipos binacionales para sacar adelante el proyecto, en 20 años de trabajo, el Intendente de la Región de Coquimbo, Claudio Ibáñez, manifestó que “estamos ante un hecho histórico, este es el proyecto de infraestructura más importante de la década que se va a materializar en la frontera entre Chile y Argentina, una obra de gran envergadura que va a generar beneficios económicos, comerciales, de integración cultural y turística entre San Juan y Coquimbo, pero también con las provincias del centro de Argentina, a través del Corredor Bioceánico Central, que nos va a conectar también con Porto Alegre, la zona más industrializada de Brasil”.
La autoridad regional explicó que el protocolo debe pasar a toma de razón de Contraloría para luego ser promulgado por la Presidenta Michelle Bachelet. “Este paso va a permitir el inicio del proceso licitatorio, hemos avanzado de manera dinámica y la idea es que continuemos al mismo ritmo, haciendo un trabajo de seguimiento para avanzar rápidamente, por lo que vamos a establecer un cronograma para lo que viene en los próximos días y meses”, señaló Ibáñez.
Por su parte, el Gobernador de la Provincia de San Juan, José Luis Gioja, uno de los principales impulsores del proyecto en el país trasandino, manifestó que “cuando recibimos la noticia de la aprobación unánime del Senado chileno del protocolo, nos invadía una emoción muy grande, estamos convencidos que este proceso de integración, entre estos dos países que comparten una de las fronteras más largas del mundo, es irreversible”.
Sobre la continuidad del proceso, Gioja, agregó que “creemos que con esta aprobación tenemos que trabajar mucho y rápido para que las Presidentas junto a sus equipos puedan hacer el llamado a licitación. Estamos felices que así como en Argentina, también en Chile la integración sea política de Estado”.
Por su parte, el Presidente del Consejo Regional, José Montoya, señaló que “una vez que se construya el Túnel de Agua Negra va a haber un antes y un después de la región, esto va a significar la reactivación de nuestra economía, generar mayor cantidad de empleos, tráfico de mercadería, para lo cual tenemos que prepararnos y generar una planificación que permita mejorar las carreteras, aeropuertos y la infraestructura portuaria, para ponernos a la altura de un paso internacional que va a estar habilitado los 365 días del año”.
Respecto a los plazos para la licitación del túnel, la seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, explicó que de acuerdo a la planificación, se espera dar inicio al proceso en el mes de octubre de este año. “Ya tenemos las bases y los términos de referencia preparados, que consideran el estudio de ingeniería, la parte territorial de expropiaciones y luego la construcción de la obra, por lo que en suma estamos hablando de aproximadamente 8 a 10 años, a partir de hoy, que ya es un hecho que esta obra se inicia”.
A través del segundo protocolo se reconoce la creación de la Entidad Binacional del Túnel de Agua Negra (EBITAN), organismo encargado de administrar el funcionamiento de la obra; se establecen las condiciones para realizar una licitación pública internacional, y la distribución del financiamiento que significará la construcción para ambos países, cuya inversión se ha estimado en más de US$1.400 millones, de los cuales un 72% será costeado por Argentina y un 28% por Chile.
