- La afectada sería la funcionaria Náyade Aguirre Mancilla, quien es a su vez la presidenta nacional de la Federación de funcionarios de los Gobiernos Regionales, quien pidió públicamente la renuncia de la intendenta Lucía Pinto al conocerse por la prensa el “Papaya Gate”.
- Actualmente se encontraba denunciando la asignación ilegal de dependencias del GORE Coquimbo a Gobierno Interior, por parte del actual intendente. Fue desalojada de su oficina, mientras estaba haciendo uso de sus vacaciones.
A través de una conferencia de prensa y un comunicado oficial, la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales de Chile (FENAFGORE), denunció la «persecución política y labora»l que estaría afectando a la funcionaria Náyade Aguirre Mancilla quien es además la presidenta de la organización funcionaria y, además, de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo), Náyade Aguirre Mancilla, quien mientras estaba haciendo uso de sus vacaciones fue desalojada de su oficina, luego de acusar públicamente la asignación en completa ilegalidad de dependencias del GORE Coquimbo a Gobierno Interior,
El texto de la declaración pública es el siguiente:
«1.- La directiva de la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales de Chile (FENAFGORE), desea denunciar ante la opinión pública la persecución política y laboral que está afectando a la presidenta de esta entidad (y además presidenta de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Coquimbo), Náyade Aguirre Mancilla, quien mientras estaba haciendo uso de sus vacaciones fue desalojada de su oficina, luego de acusar públicamente la asignación en completa ilegalidad de dependencias del GORE Coquimbo a Gobierno Interior, por parte del actual intendente y probable futuro delegado presidencial de la región de Coquimbo.
2.- El conflicto surge de la decisión gubernamental de mantener las Delegaciones Presidenciales en los actuales espacios u oficinas que hoy utilizan las Intendencias Regionales, determinación que está generando que los futuros Gobernadores Regionales (quienes serán elegidos democráticamente) no puedan disponer de espacios adecuados y acordes a la dignidad de su cargo.
En todo este proceso se ha podido constatar la falta de compromiso de las actuales autoridades de Gobierno, tanto del nivel central como regional, con el proceso de descentralización, lo que se evidencia a través de la promoción de distintas acciones orientadas a fortalecer la figura del Delegado Presidencial Regional por sobre la del Gobernador (a) Regional.
3.- En el caso particular de la Región de Coquimbo, desde el año 2018 la Asociación de Funcionarios de dicho Gobierno Regional -encabezada por Náyade Aguirre- ha venido advirtiendo respecto de la necesidad de las dependencias que albergarán a la nueva institucionalidad regional, tanto a sus autoridades como equipos.
4.- Sólo hace algunos días se informó que la oficina 406 de los Edificios Públicos, ubicada en calle Prat en la Plaza de Armas de La Serena, y que actualmente ocupa el equipo que integra la dirigente Náyade Aguirre, debía ser desalojada, porque allí se instalarían los funcionarios de la Gobernación de Elqui, en circunstancias que dichas oficinas corresponden al Gobierno Regional y no a Gobierno Interior. Es así como en medio de la Fase 1 de Cuarentena, y pasando sobre todas las medidas de restricción sanitaria, se requirió con urgencia la concurrencia presencial de los funcionarios de dicha oficina, con objetivo que empacaran sus cosas y se retiraran del lugar, para lo cual también se le solicitó al contratista que realizara el traslado lo más rápido posible.
5.- El Expediente N° 4CGC4692 del año 1980 del Ministerio de Bienes Nacionales establece que se “Concede en Uso Gratuito al Gobierno Regional de Coquimbo la oficina 406 de los Edificios Públicos hasta el 2023”, señalándose además que “la entidad beneficiaria deberá destinar el inmueble fiscal única y exclusivamente para el uso y funcionamiento de oficinas administrativas del Gobierno Regional”, pues “el inmueble concesionado no podrá ser arrendado, entregado o cedido, a ningún título por la entidad beneficiaria”. Ello demuestra que el actual intendente está cediendo inmuebles del Gobierno Regional al Gobierno Interior fuera de toda norma legal.
6.- El personal de la Gobernación de Elqui no requiere ser trasladado, pues con la asunción al cargo del Gobernador (a) Regional, dicha institución ya no existirá, mientras que sus funciones las absorberá el Delegado Presidencial, autoridad que dependerá del Ministerio del Interior y por ende, del gobierno central. Además, la oficina 406 no puede albergar más de 10 funcionarios, dada la antigüedad y deterioro de sus instalaciones sanitarias, en circunstancias en que se pretende instalar allí a aproximadamente a 20 personas.
7.- De los funcionarios desalojados 2 son dirigentes sindicales, quienes han venido denunciando una serie de irregularidades como las expuestas anteriormente, por lo que consideramos que esta decisión constituye una práctica antisindical y acoso laboral en contra de ellos. Además, contra nuestra presidenta, Náyade Aguirre Mancilla, se configura una persecución política, pues ella actualmente es candidata a concejal en la comuna de La Serena por un cupo de un conglomerado opositor al actual gobierno.
Hay que recordar que la misma dirigente fue quien pidió la salida de la ex intendenta de Coquimbo a raíz del “Papaya Gate”, caso que terminó con la salida de la autoridad y con una investigación por parte del Ministerio Público, sobre la posible defraudación fiscal en la adquisición de un terreno por $ 9.800 millones realizada de manera irregular entre el Gobierno Regional y un grupo inmobiliario, para la construcción de un centro deportivo en La Serena.
8.- Ante todos los antecedentes expuestos resulta incomprensible e ilegal la exoneración de Náyade Aguirre y de sus compañeros de su lugar de trabajo, medida que a nuestro juicio no tiene otro fin más que acosarla y coartar su libertad sindical en defensa de sus representados, para así poder seguir denunciando posibles irregularidades que ocurran al interior de la institución. Esta directiva nacional exige que el intendente de la Región de Coquimbo revierta de inmediato esta medida y restituya el inmueble a los funcionarios del gobierno regional, poniendo fin además a la persecución que nuestra presidenta está sufriendo en estos momentos.
DIRECTIVA FENAFGORE«
