Esta semana fuimos testigos como 54 parlamentarios de la Nueva Mayoría fueron sobreseídos por la justicia en el caso falsos exonerados políticos. Entre los honorables en ejercicio que emitieron el mayor número de documentos falsos se encuentra: Isabel Allende (PS), Carlos Jarpa (PRSD), Sergio Ojeda (DC), Enrique Jaramillo (PPD) y los que ya no se encuentran en ejercicio de dicho cargo son: Francisco Encina (PS), Jaime Naranjo (PS), Edmundo Villouta (DC) y Miguel Hernández (DC).
Lo realmente preocupante de esta noticia es que de una muestra de 9.145 expedientes (12,3%) de un universo de 74.423 personas, (investigados con el objeto de verificar que los antecedentes que dicen relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley Nº 19.234 sobre pensiones a exonerados políticos); se detectaron según un informe emanado de la Contraloría General de la República, deficiencias e irregularidades en los beneficios previsionales de al menos 3 mil postulantes, los cuales carecían de todos los requisitos legales para acceder a este derecho, lo que ha acarreado un perjuicio patrimonial al Fisco de casi 29 mil millones de pesos. Dinero que en vez de subvencionar pensiones indebidas, obtenidas por malas prácticas, por el uso de documentos adulterados y falsificados o por el sólo hecho de obtener “un lucro electoral” de sus otorgantes, pudiese haber sido destinado a la educación, a la salud, a programas de reinserción social, de vivienda, etc. existen tantas necesidades que el país tiene que malgastar los recursos así y más aún cuando son de todos nosotros no es lícito.
De hecho, este tema no es menor puesto que quienes se arrogan la calidad de exonerados políticos no siéndolos en realidad, han contado con la indolencia de las autoridades encargadas de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de dicha pensión y siguen cobrando hasta el día de hoy su pensión.
Es más, don Raúl Celpa presidente de la Comisión Nacional Unitaria de Exonerados y ex Presos Políticos, en noviembre del 2008 señaló: “Me atrevo a decir que son 100.000 las personas que no son exonerados políticos y que están calificados”; agregando junto con ello que “a partir de 1998 la Ley de Exonerados fue instrumentalizada con fines electorales, puesto que las modificaciones que se le introdujeron ese mismo año, permitieron cautivar a un mercado ilimitado de personas; esta ley de exoneración política ha sido objeto de una escandalosa instrumentalización; el intervencionismo electoral ha generado la calificación ilegal de personas que contravienen totalmente el perfil que la propia ley define para ser calificado… extrañamente, esta ley ha sido modificada demagógicamente en períodos pre-electorales con un claro propósito de usar el proyecto modificatorio en cada oportunidad como anzuelo”. Por otra parte, junto con dichas declaraciones también debo destacar las emitidas por el entonces Senador Hosain Sabag (DC), quien afirmaba que; “no me cabe duda de que aquí ha habido un aprovechamiento de muchas personas que nunca han sido exonerados y sin embargo, fabricaron documentos para hacerse aparecer como exonerados políticos, con las prórrogas respecto a la fecha de inscripción de casos, se abrió una ‘caja de Pandora’, ya que durante las extensiones aparecieron 250 mil supuestos exonerados y los registros cuando nosotros sacamos la ley no daban más que para 30 o 40 mil”.
Frente a estas declaraciones y a la luz de los antecedentes, no nos queda más que pensar que pareciera ser totalmente cierto el eventual ‘lucro’ electoral en el caso de los falsos exonerados políticos por parte de los gobiernos y parlamentarios de la Nueva Mayoría, resultando como las verdaderas víctimas de esta mala asignación de los recursos de todos los chilenos, los verdaderos exonerados políticos, pues pierden toda credibilidad y terminan pagando justos por pecadores.
Susana Verdugo Baraona.
